internacional, reportajes — 26 septiembre, 2014 at 8:00

Neoliberalismo, reforma energética y fracking en México: El inicio del debate y la antesala del caos

por

Por J. Javier Guillén Villafuerte

Desde la década 1990, el gobierno mexicano sufrió una transformación de fondo. Su alianza con los sectores populares de sociedad mexicana llegó a su fin y afianzó un nuevo pacto, esta vez con los miembros de la oligarquía nacional, conformada por una burguesía mediocre, derrochadora y entreguista. Además, el Ejecutivo también se acercó a los más leoninos representantes del capital transnacional, de la mano de empresas norteamericanas, canadienses y españolas. 

En febrero de 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari –cuyo mandato se extendió entre 1988 y 1994– promulgó la reforma al artículo 27 constitucional, que puso fin al reparto agrario iniciado a raíz del triunfo de la Revolución mexicana. Dos años después, el gobierno de México, junto con el canadiense y estadounidense, firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por el cual el país se insertó de lleno en el mundo de la globalización y el neoliberalismo

En diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de México. El día en que asumió la presidencia, Peña anunció un mega paquete de reformas, que según reza el slogan de su gobierno, están encaminadas a “mover a México”. Y vaya que parecen moverlo, pero no hacia el progreso, sino a las garras de la miseria y el despojo. 

Sin embargo, el presidente cumplió su promesa. El año pasado, el congreso mexicano aprobó, en tiempo récord, cuatro de las más importantes reformas que se han dado en el país desde el siglo pasado: la educativa, la fiscal, la política y  la energética. Esta última particularmente ha puesto los pelos de punta a más de un mexicano, pues, a grandes rasgos, plantea la privatización de la renta petrolera, que hoy en día es la que sostiene la economía de todo el país. Para hacerse una idea, de cada peso que el gobierno gasta, 36 centavos son sacados de los ingresos petroleros. 

Pero en los últimos meses, sobre todo a partir de la aprobación de la reforma energética, una palabra ha estado presente en casi todos los foros y medios críticos al actual gobierno peñista: el fracking. 

Se trata de un proceso de extracción muy agresivo. Debido a que el denominado gas shale –el que se busca en estos casos– se encuentra atrapado en los sedimentos de esquisto, su explotación se hace a través de una técnica de fractura hidráulica, mejor conocida como fracking. Para llevar a cabo esto, se perfora un pozo de manera vertical, y una vez que llega hasta el punto donde se halla el gas, se realiza una túnel horizontal, que pude extenderse entre uno y un kilómetro y medio. Este último procedimiento se repite en varias ocasiones, hasta llegar al punto donde es necesario fracturar la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión. Todo ello para permitir el flujo y salida del gas. Por ello, la reforma energética de Peña Nieto ha sido llamada la reforma del fracking. 

Debido los cambios que se han introducido a la Constitución a raíz de la aprobación de las reformas, buena parte del territorio mexicano ha quedado expuesto a la explotación del gas shale. Y es que la nueva legislación en materia energética autoriza al Ejecutivo para que expropie las tierras donde exista presencia de hidrocarburos, sin importar que éstas estén habitadas o se utilicen para la agricultura. Gracias a dichas disposiciones, el fracking puede causar severos daños a las comunidades campesinas de, como mínimo, seis estados: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. Pero, posiblemente, poblados enteros de Oaxaca, Puebla, Campeche, Hidalgo y Chiapas también sufran las consecuencias de la expropiación forzosa. 

Estados de la República que serán afectados por el fracking y las expropiaciones de tierras 
Estados de la República que serán afectados por el fracking y las expropiaciones de tierras

Como era de esperar, el gobierno mexicano se ha dedicado a vociferar en los medios oficialistas las supuestas bondades que la extracción del gas shale traerá para México y los mexicanos. Desde hace unas semanas, y con motivo del segundo informe de labores del presidente Peña Nieto, se han lanzado miles de spots en la radio, la televisión y el internet, que tienen como meta convencer a la opinión pública mexicana de que la reforma energética detonará el crecimiento de la economía nacional. Sin embargo, poco se ha dicho de los daños que ésta traerá a la economía campesina, al medio ambiente y a la salud humana. La región norte de México ha sido señalada como la que mayor riesgo enfrentará por el fracking. 

Se espera que los gobiernos locales den prioridad al uso del agua para la fractura hidráulica y que, por tanto, releguen a un segundo plano su utilización para el consumo humano. De hecho, a nivel nacional hay una campaña cada vez más intensa en favor la privatización del líquido elemento, que está orientada a asegurar este recurso para las actividades mineras. En el caso de Chihuahua, se prevé que, si se llegan a explotar las reservas de gas shale existentes, poblaciones tan importantes como Ciudad Juárez –con un millón y medio de habitantes– se queden sin abastecimiento acuático. Algo que tendrá lugar porque Samalayuca, región donde este centro poblacional se provee del vital líquido, quedará en manos de las empresas mineras, debido a su potencial energético. Los habitantes de este mismo estado temen que en pocos años, y de abrirse más pozos para la extracción de gas, el agua se agote, o se llene de químicos altamente cancerígenos, tal como ha sucedido en más de una veintena de entidades federativas en los Estados Unidos. 

En junio pasado, el semanario mexicano Proceso publicó una nota advirtiendo que por lo menos 81 municipios en la región norte del país se verán afectados por la expropiación y “ocupación temporal” de sus tierras, y la utilización de éstas para las actividades mineras. Los gobiernos estatales parecen no estar preocupados por el destino que les espera a sus habitantes, y el Ejecutivo federal tampoco lo está. De hecho, el diario La Jornada publicó el pasado 11 de agosto que Petróleos mexicanos (PEMEX), empresa que hasta ahora pertenece al gobierno, invertirá unos 30 mil millones de pesos –alrededor de mil quinientos millones de euros– en trabajos de exploración, que servirán para generar información sobre las zonas de gran potencial de hidrocarburos y ponerla a disposición de las compañías extranjeras. 

Las protestas contra el fracking 

Como era de esperarse, varios sectores de la sociedad civil mexicana han empezado a preocuparse ante la casi inminente masificación del fracking. En Chihuahua, uno de los estados más afectados, los críticos con las reformas han señalado que si tanto preocupa al gobierno la generación de energía eléctrica, éste debe invertir en fuentes alternativas como la solar, que no contamina, y que puede ser producida con facilidad en los amplios desiertos mexicanos. La respuesta de las autoridades no ha llegado, y posiblemente nunca llegará. 

Por otro lado, y para hacerse una idea de los intereses que se han puesto de manifiesto con la aprobación de la reforma energética, el diario Regeneración ha mostrado que en Chihuahua incluso el narcotráfico se encuentra involucrado en las empresas mineras transnacionales. Su función ha sido ahuyentar a la gente de los lugares donde se pretende llevar a cabo la extracción de gas shale, e intimidar a la población para que no proteste en contra de la destrucción de su entorno. Los habitantes de otros estados que posiblemente serán afectados por el fracking, como Veracruz y Puebla, también han alzado la voz. 

Tras casi un año de la aprobación de la reforma energética –se produjo en diciembre de 2013–, el panorama social en México es de una tensa calma. Aunque las voces que se han manifestado en contra de técnicas como el fracking han sido muchas, las autoridades no han mostrado intenciones de querer dar marcha atrás a las modificaciones constitucionales. En este momento, miles de activistas de izquierda se encuentran recolectado firmas para pedir a las autoridades electorales la realización de una consulta popular para preguntar a la ciudadanía mexicana su opinión acerca de los cambios en la legislación de hidrocarburos. Aunque se ha logrado juntar un número considerable de firmas, es muy posible que el gobierno peñista y sus aliados impidan la consulta. En caso de que ésta se lleve a cabo, es de suponer que el gobierno ignorará el resultado. 

Mientras tanto, el campo mexicano, cuyos habitantes se convertirán en los grandes afectados por la apertura de pozos petroleros y de extracción de gas, se sigue convirtiendo en una peligrosa olla de presión que puede hacer explosión en cualquier momento. De no atenderse el debate sobre la reforma energética por parte de las altas, se estará sentando las bases para que en un futuro no muy lejano el caos estalle en el país.

Campesinos mexicanos marchando en la ciudad de México en contra de la reforma energética y del despojo de sus tierras 
Campesinos mexicanos marchando en la ciudad de México en contra de la reforma energética y del despojo de sus tierras | Fuente: Mujeres por la democracia

música cine libros series discos entrevistas | Achtung! Revista | reportajes cultura viajes tendencias arte opinión

Deja tu comentario

Comments are closed.